El deber de motivación de las resoluciones judiciales

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El deber de motivación de las resoluciones judiciales
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VITIUM Abogados es la mayor red en España de especialistas en derecho penal. En esta ocasión, ahondamos en el concepto de deber de motivación.

Falta de motivación

Por desgracia es muy frecuente, quizás por exceso de trabajo que soportan los juzgados españoles, el que nos encontremos con resoluciones judiciales que adolecen de la necesaria motivación que explique la lógica jurídica que reside tras una decisión judicial.

Cuando ello ocurre se entiende que se ha producido vulneración del principio constitucional de obtener una resolución fundada en derecho y suficientemente motivada, principio fundamental recogido en los artículos 24.1 y 120 de nuestra Norma Fundamental, así como derivado de lo prevenido en el artículo 6 del Convenio de Roma.

Deber de motivación de las resoluciones judiciales

La exigencia de motivación de las resoluciones judiciales impuesta por los artículos 24.1 y 120 de la Constitución, consiste en el derecho del justiciable a conocer las razones de las decisiones judiciales, sin que sea exigible una extensión determinada, y sin que el Juez o Tribunal deba efectuar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleva a resolver en un determinado sentido, ni le impone un concreto alcance o intensidad en el razonamiento empleado, sino que basta con que la motivación cumpla la doble finalidad de exteriorizar, de un lado, el fundamento de la decisión adoptada, y de permitir, de otro, su eventual control jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de recursos previstos en el ordenamiento jurídico.

Amotivación

La motivación despliega una función de seguridad correctora del “arbitrium iudicis” y no se satisface con sólo citar escuálidamente algún artículo o argumento si la índole del asunto comporta el examen de diversas razones, todas ellas plausibles, que el Juez debe analizar críticamente, incluso para su rechazo, teniendo presente que una motivación raquítica sigue siendo amotivación.

Según establecen los artículos 141 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 245.1.b) y 248.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y muy específicamente el artículo 120.3 de la Constitución Española, y como ha manifestado en reiteradas ocasiones el Tribunal Constitucional, la resolución por la que se denieguen las pretensiones de las partes, y más aún la resolución que acuerde el archivo de las actuaciones, deberá ser suficientemente motivada.


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