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En esta ocasión, ahondamos en los principios generales del derecho. Vamos con ello.

Principios generales del derecho

Denominamos principios generales del derecho a aquellos conceptos del derecho penal donde se asientan las bases del sistema penal de tal forma que el legislador no pueda crear normas que conculquen los mismos, así como actúan como directrices de interpretación para los jueces que aplican el derecho penal.

Son principios transversales a todo el Código Penal, así como a la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal, dado que todos estos principios tienen un componente material y otro procesal.

Es una forma aséptica de defender el Estado de Derecho más allá de cuestiones de política criminal que pudieran atentar a estas bases en la lucha contra el crimen.

Su vigencia y su necesidad es permanente, siendo en la actualidad un factor decisivo para frenar los intentos del legislador por luchar contra el crimen mediante atajos que conllevan la vulneración de las garantías esenciales de todo estado de derecho.

Clasificación de los principios generales del derecho

Principios relativos a la función protectora del Derecho Penal

Son aquéllos que establecen límites al legislador sobre el contenido de la norma penal:

  1. a) Principio de Intervención mínima del derecho penal.
  2. b) Principio de Subsidiariedad.
  3. c) Principio de Proporcionalidad de las Penas.

Principios relativos a la forma y aplicación de la norma penal

Son aquéllos que establecen límites al Estado respecto de la forma en que se debe plasmar la norma penal y la forma en que debe de aplicar esta.

  1. a) Principio de Legalidad.
  2. b) Principio de prohibición de retroactividad de la ley penal en perjuicio del reo.
  3. c) Principio de Especialidad.
  4. d) Principio de Non Bis In Ídem

Principios que se desprenden del concepto de Culpabilidad.

Son aquéllos que imponen al legislador y al juzgador el deber de satisfacer las exigencias de la culpabilidad para poder imponer una pena.

  1. a) Principio de Culpabilidad.
  2. b) Principio del Derecho Penal del Acto.
  3. c) Principio de prohibición de las penas trascendentales.
  4. d) Principio de Presunción de Inocencia.
  5. e) Principio de imputabilidad.
  6. f) Principio de dolo o culpa.

Analicemos cada uno de ellos:

¿Cuáles son los principios generales del derecho?

Principio de legalidad penal

Este principio tiene varias consecuencias:

  • ”Nullum crime sine lege previa”. Ninguna conducta es delito si la ley no la define como tal.
  • “Nulla poena sine lege previa”, o principio de legalidad penal. Significa que sólo puede imponerse la pena prevista por la ley en cada caso, no pudiendo sustituirse ni inventarse.
  • Principio de legalidad en la ejecución: no puede ejecutarse una pena sino en la forma prevista por la Ley.

El principio de legalidad penal comporta a su vez un mandato y cuatro prohibiciones:

El mandato de claridad y taxatividad (condiciones de la seguridad jurídica), y la prohibición de:

  1. Retroactividad de las normas de fundamentan o agravan las penas,
  2. Prohibición de regulación penal por normas dimanantes del ejecutivo,
  3. Prohibición de la analogía y, en general, de la creación judicial del derecho y
  4. Prohibición de regulación de las normas penales por normas consuetudinarias.

Su formulación en el derecho positivo está en los siguientes preceptos:

Principio de proporcionalidad (o prohibición del exceso)

Cualquier medida restrictiva de la libertad o que por afectar severamente a los derechos de las personas (por ejemplo multas importantes), ha de ser proporcional, lo cual supone que tal medida ha de superar 3 exigencias:

  1. a) Adecuación a fin que persigue la norma.
  2. b) Necesidad. Esta exigencia se apoya en el carácter subsidiario que tiene el derecho penal en tanto que ha de ser un medio último al que acudir cuando el bien jurídico protegido se puede tutelar desde otro plano jurisdiccional.
  3. c) Individualización: y se le ande dotar a los jueces de instrumentos que permitan individualizar no solo la pena a imponer sino también el modo de ejecución de la misma. Así aparecen figuras como la suspensión de la ejecución de una condena o la sustitución de la misma por otra más ajustada a las necesidades del delito o del culpable.
  4. d) Proporcionalidad en sentido estricto: si bien no hay que atender solo a al delito y al culpable sino que también hay que atender a la víctima lo cierto es que la intensidad de la pena a imponer su naturaleza no solo ha de ser proporcionada sino que también ha de ser revelado por parte del juez el proceso lógico jurídico por el cual interpone una determinada condena en una determinada intensidad.

Y es que de nada serviría que el juez afirmarse en su sentencia que un número X de años de prisión lo considera proporcionado en atención a la dicción de la norma si realmente no revelase los motivos por los cuales no interpone la condena en su grado mínimo. Así pues al revelar a los factores que ha tenido en cuenta y como los ha ponderado será posible en su caso recurrir tal sentencia para hacer valer el contenido de este principio general del derecho.


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Principio de la prohibición del bis in idem (“ne bis in idem”)

Tiene dos vertientes este principio, el cual por cierto, contiene a día de hoy algunas lagunas no resueltas completamente por la jurisprudencia española, pudiendo encontrar sentencias del propio Tribunal Supremo en franca contradicción unas con otras.

En todo caso, y a efectos meramente descriptivos las dos consecuencias jurídicas que se dimanan de este principio son:

  1. a) Material: supone la imposibilidad de que una persona sea castigada dos veces por un mismo hecho. Ello quiere decir que siempre y cuando exista identidad del sujeto hecho y bien jurídico protegido una persona no puede ser por ejemplo castigada en sede penal y en sede administrativa.

Es por ello que muchas ocasiones un expediente administrativo se suspende en su tramitación al existir cuestión prejudicial penal, lo cual significa que para no conculcar el principio de ne bis in idem, la administración se abstiene de juzgar un hecho que está siendo investigado en sede penal.

Y sin embargo no es nada infrecuente que sea cual sea el resultado en esfera penal, la jurisdicción administrativa condene también a la persona. Para ello suele actualizar el argumento de que pese que hay identidad de persona y de hecho, no hay identidad en cuanto al bien jurídico protegido. Y como pueden imaginar, esto sería el caballo de batalla a resolver por el abogado penalista.

  1. b) Procesal. No puede existir duplicidad de procedimientos por los mismos hechos. Y en este caso ocurre algo parecido a lo que acabamos de comentar si en lo que se prohíbe no es el ser condenado por dos veces sino el ser sometido a los procedimientos judiciales por los mismos hechos. Y será de nuevo la misma excusa que ponga la administración, esto es el no existir identidad del bien jurídico protegido lo que supuestamente les legitime para llevar adelante su procedimiento sancionador.

Y en este caso si bien es cierto que ante una diferencia de bienes jurídicos protegidos este principio general del derecho no le limita a la administración a la prosecución de su propio procedimiento sancionador, lo cierto es que en todo caso no se puede volver a enjuiciar los hechos probados de la sentencia penal. De esta forma si respetando los hechos probados de la sentencia penal, administrativamente se incurriera en una sanción cabría la posibilidad de sancionar, pero lo que nunca se puede hacer es volver a enjuiciar los mismos hechos llegando a conclusiones fácticas diferentes.

Y es que adicionalmente a este principio, ello es deseable sea así por razones de seguridad jurídica, pues de lo contrario podríamos estar ante un caso en el que la jurisdicción penal estableciese como hecho probado que un suceso x y administrativamente se considerase probado el suceso x justo al contrario de cómo lo creyó probado la jurisdicción penal, puesto que se habían realizado dos juicios diferentes.

Principio de igualdad

Este principio está previsto tanto en el artículo 14 de la constitución española, como en el convenio de Roma, y viene a prohibirle al legislador en su función de crear leyes, y al juez en su función de interpretarlas, el crear diferencias injustificadas o discriminatorias entre personas en iguales circunstancias enjuiciamiento.

Principio de presunción de inocencia

Éste principio general del derecho tiene previsto tanto en el artículo 24.2 de la Constitución Española como la totalidad de textos regionales internacionales y de protección de los derechos humanos.

En primer lugar supone un límite para el legislador y a la creación de textos penales que establezcan responsabilidades o limiten derechos basándose en presunciones de culpabilidad de personas que no han sido condenadas en firme.

Y a nivel procesal es un anclaje que el juez ha de mantener durante todo el procedimiento penal, tanto en instrucción como en el juez en el juicio oral y de manera qué medidas cautelares como por ejemplo la prisión preventiva nunca pueden ser utilizadas como castigo sino siempre limitándose estrictamente a la finalidad de la prisión preventiva.

No ha de confundirse con el principio de “in dubio pro reo”, que sólo hace referencia a cuestiones de valoración de prueba en sentencia.

Principio de intervención mínima del derecho penal

El derecho penal se considera la “ultima ratio”. Ello significa por un lado que se habrá únicamente de castigar aquellos hechos que atenten con suficiente intensidad bienes jurídicos de especial valor a fin de no convertir la convivencia en un estado policial donde cualquier conducta inmoral o incorrecta socialmente tenga una traducción en un procedimiento penal, dado que se podría llegar a limitar la libertad personal a golpe de código penal.

Se ha de valorar así la posibilidad de atender a estas cuestiones desde otros ámbitos del derecho que no sea el penal.

A modo de ejemplo podríamos citar los casos de ataques contra el patrimonio los cuales no todos ellos se consideran merecedores de activar la maquinaria penal, sino que cuestiones como un impago de un dinero prestado, por elevada que sea la suma, si no va acompañada de otros factores adicionales que lo conviertan en una estafa por ejemplo, se considera que ha de quedar en el ámbito del derecho civil.

Principio de culpabilidad

En definitiva, cuando analizamos el principio de culpabilidad lo que se quiere poner sobre la mesa del derecho penal es un elemento más de raciocinio a la hora de determinar si alguien es responsable y en qué medida de un hecho objetivamente delictivo.

Esto es, hay que analizar la capacidad del sujeto enjuiciado de haber podido actuar de un modo diferente al que lo hizo. Esto es, analizar el reproche que su conducta merece en función de sus capacidades volitivas e intelectuales dentro de la escena en que actuó.

Así, el derecho penal obliga a estudiar en cada caso lo siguiente:

  • Posibles causas de imputabilidad en el sujeto enjuiciado.
  • Posible error de prohibición o de antijuricidad en su conducta.
  • Posibles causas de inexigibilidad.
  • Estado físico y mental en el momento de los hechos.

Y si bien estos serían los más básicos principios generales del derecho, lo cierto es que con la evolución social de los últimos años se han ido incorporando otros principios que ya también son generales del derecho y por tanto exigibles en un estado de derecho, y que han sido reforzados por los convenios regionales internacionales y pasando a ser de obligado respeto y por los cuales el Estado español podría ser condenado bien por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o bien por el Comité de derechos humanos de Naciones Unidas en caso de no hacerlo.


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