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La denegación de prueba en fase de instrucción y el Tribunal Supremo

Es jurisprudencia constante del Tribunal Supremo (entre otras, Sentencias de 7 de febrero y 18 de noviembre de 1992 y 15 de diciembre de 1994) que para poder apreciarse una vulneración por denegación de prueba no basta que una diligencia probatoria se propusiera en tiempo y forma oportunos, sino que se precisa que la denegación sea inmotivada y que, por tratarse de una prueba sustancial e indispensable para la parte que la propone, la denegación le haya causado indefensión, viniendo obligada esa parte a recurrir a razones por que la denegación le ha causado nocivos resultados de indefensión y que, caso de realización de la prueba, la sentencia recaída hubiera podido ser distinta.

Ahora bien, no toda prueba denegada conlleva violaciones, sino aquella que el Tribunal debió estimar necesaria, pudiendo apreciarse que debió ser acordada cuando, por falta de otros acreditamientos suficientes, no se hubiera podido el Tribunal formar idea de la trascendencia de las diligencias de investigación sobre hechos que no aparecían comprobados por otros medios, de tal forma que la omisión deje indefensa a la parte que la hubiera propuesto.

Relación con la Constitución

Desde la perspectiva de las garantías fundamentales del derecho a un juicio justo consagradas en nuestra Constitución (artículo 24.2 derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa), y en los textos internacionales suscritos por España e incorporados a nuestro ordenamiento jurídico por vía de ratificación: artículo 6.3 d) del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950, y 14.3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 19 de noviembre de 1966, toda persona acusada de un hecho delictivo tiene derecho a valerse de toda clase de pruebas de descargo y a contradecir las de cargo, por lo que este derecho es muy relevante como medio de asegurar el respeto a estas garantías esenciales con rango constitucional (Sentencia del Tribunal Supremo, de 9 de mayo y 10 de octubre de 1997).

Requisitos que han de concurrir para que podamos hablar de una violación de derechos

  • Las pruebas denegadas tienen que haber sido pedidas en tiempo y forma, en el escrito de conclusiones provisionales (artículos 656, 790 y 791 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) y también en el momento de la iniciación del juicio en el procedimiento abreviado (artículo 793, ap. 2 de la citada Ley).
  • Las pruebas tendrán que ser pertinentes, es decir relacionadas con el objeto del proceso, y útiles, esto es con virtualidad probatoria relevante respecto a extremos fácticos objeto del mismo; exigiéndose, para que proceda la suspensión del juicio para la citación de un testigo o perito incomparecidos, que la declaración del primero o el informe del segundo sean necesarios, según lo dispuesto en el artículo 746.3º y 793 ap. 4 de la Ley Procesal Penal; oscilando el criterio jurisprudencial entre la máxima facilidad probatoria y el rigor selectivo para evitar dilaciones innecesarias; habiendo de ponderarse la prueba de cargo ya producida en el juicio, para decidir la improcedencia o procedencia de aquella cuya admisión se cuestiona.
  • Que se denieguen alguna o algunas de las pruebas propuestas por las partes, ya en el trámite de admisión en la fase de preparación del juicio, ya durante el desarrollo del mismo, cuando se pide la nueva citación del testigo o perito incomparecidos y la correlativa suspensión del juicio, siendo doctrina constante la que exige motivación de la denegación judicial de la prueba.
  • Que la práctica de la prueba sea posible, y que no se hayan agotado razonablemente las diligencias para traer al testigo o perito incomparecidos; y
  • Que se formule protesta por la parte proponente contra la denegación, la que se establece en el párrafo 4º del artículo 659 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en este sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo, de 12 de mayo de 1997).
  • Haber interpuesto los correspondientes recursos contra inadmision prueba penal, antes de poder recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.

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