Portada » Fase de investigación o instrucción » Querella » Archivo de querella

Habitualmente los jueces de instrucción tienen que decidir entre continuar una investigación ya avanzada (haciendo sentir perjudicado al investigado en la medida que no hay prueba alguna contra él que justifique seguir sometido a dicho procedimiento), o por el contrario, proceder al archivo de querella hasta que aparecieran nuevas pruebas (haciendo sentir indefensos a los denunciantes).

Para dirimir el camino a tomar, nuestro equipo de abogados penalistas en Almería nos revelan los parámetros que ha de tener en cuenta el juez instructor:

Archivo de querella: introducción

El derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española, también comprende entre sus garantías el derecho de acceso a la jurisdicción, derecho que para el Tribunal Constitucional “constituye el “núcleo”, la “vertiente primaria” o “el primero de los contenidos del derecho a la tutela judicial efectiva”[1].

Es por ello que este Alto Tribunal suele configurar ese principio como una exigencia de optar en todo caso por la interpretación de los preceptos que regulan el acceso a la jurisdicción del modo que resulte más beneficioso para el ejercicio de ese derecho, de tal forma que “impone la interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas preservan y los intereses que sacrifican”.

Derecho prestacional

Igualmente, el Tribunal Constitucional ha establecido a este respecto que el derecho de acudir al Juez o Tribunal competente para defender derechos e intereses legítimos es un derecho que se concibe como un derecho prestacional de configuración legal que opera frente al legislador, vetando la aprobación de “normas que impongan condiciones impeditivas u obstaculizadoras del acceso a la jurisdicción, siempre que los obstáculos legales sean innecesarios y excesivos y carezcan de razonabilidad y proporcionalidad, respecto a los fines que lícitamente puede perseguir el legislador en el marco de la Constitución”, y también frente a los órganos judiciales como exigencia de que la selección, interpretación y aplicación de los preceptos que regulan el acceso a la jurisdicción se lleven a cabo mediante resoluciones motivadas, razonables, no arbitrarias, no incursas en error patente y, sobre todo, conformes con el principio pro actione[2]. 

 Derecho a la tutela judicial

En lo que se refiere a la vulneración del derecho a la tutela judicial, en su vertiente de derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa, y de derecho al proceso, hemos de comenzar manifestando que este derecho, según reiterada doctrina constitucional, es inseparable del derecho de defensa y exige que las pruebas pertinentes sean admitidas y practicadas, sin desconocimiento ni obstáculos, resultando vulnerado tal derecho fundamental en aquellos supuestos en que el rechazo de la prueba propuesta carezca de toda motivación, o la motivación que se ofrezca pueda tacharse de manifiestamente arbitraria o irrazonable.

Igualmente, resultara vulnerado el derecho de acceso al proceso cuando se produzca una infracción del deber de instruir previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entendiendo que la instrucción ha de tener como objeto establecer si los hechos que se investigan pueden ser o no constitutivos de delito, debiendo el Juzgado Instructor garantizar el derecho de las partes a que se incorpore a la causa todo el material necesario a fin de que el Juez pueda pronunciarse acerca de si el factum es o no subsumible en alguno de los tipos penales objeto de investigación.

Opinión del Tribunal Constitucional

Más concretamente, y en relación con las partes procesales que ejercitan la acusación, se ha señalado por el Tribunal Constitucional que, pese a que la Constitución no otorga ningún derecho fundamental a obtener condenas penales, ello no implica que quien vea lesionados sus derechos fundamentales y, en general, sus intereses, no tenga derecho, en los términos que prevea la legislación procesal pertinente, a acudir a un procedimiento judicial para la defensa de los mismos.

Tampoco comporta que en el seno de dicho proceso no puedan verse lesionados, no ya sus derechos procesales, sino también sus derechos sustantivos con consideraciones o declaraciones judiciales que atenten a su contenido, pues el Tribunal Constitucional ha configurado el derecho de acción penal esencialmente como un ius ut procedatur, es decir, no como parte de ningún otro derecho fundamental sustantivo, sino estrictamente como manifestación específica del derecho a la jurisdicción, que ha de enjuiciarse en sede de amparo constitucional desde la perspectiva del artículo 24.1 CE y al que, desde luego, son aplicables las garantías del artículo 24.2 CE.

De tal forma que la función esencial de este Alto Tribunal en el cauce constitucional de amparo se ha de circunscribir a enjuiciar si las resoluciones judiciales impugnadas han respetado el ius ut procedatur del justiciable que ha solicitado protección penal de los derechos que las leyes en vigor reconocen, verificando si la resolución de admisión o desestimación incurre en arbitrariedad, irrazonabilidad o error patente, así como analizando si resulta o no desproporcionada por su rigorismo o formalismo excesivos, debiendo ponderarse en ese juicio de proporcionalidad, de una parte, los fines que ha de preservar la resolución cuestionada, y de otra, los intereses que con ella se sacrifican.

Las diligencias previas y el derecho a la tutela judicial efectiva

En este sentido, ha afirmado el Tribunal Constitucional que la decisión judicial de archivar unas diligencias previas por estimar que los hechos no son constitutivos de infracción penal no lesiona, en principio, el derecho a la tutela judicial efectiva, pues el derecho al ejercicio de la acción penal no supone un derecho incondicionado a la apertura y plena sustanciación del proceso penal, sino que es compatible con un pronunciamiento motivado del órgano judicial en fase instructora que le ponga término anticipadamente, de conformidad con las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siempre que el órgano judicial entienda razonadamente que los hechos imputados carecen de ilicitud penal.

Ahora bien, dicha decisión de archivar el procedimiento penal podrá vulnerar el derecho de acceso al proceso y el derecho a la prueba de la parte procesal que ejercita la acusación si por dicha parte se ha propuesto la práctica de diligencias de investigación que han sido denegadas por el Juzgado Instructor, siempre que dicha prueba sea relevante y reúna las condiciones de idoneidad objetiva para la acreditación de los hechos, o cuando propuesta la práctica de determinada diligencia, y admitida por el Juzgado Instructor, se dicta con posterioridad una resolución judicial en que el Instructor se aparte sin explicación alguna del criterio mantenido con anterioridad, siendo la misma persona la que obtiene tales resoluciones contrapuestas, sin que medie un razonamiento que así lo justifique.


🔔 Resolvemos todas sus dudas. Contacte con nuestros expertos penalistas a través del teléfono 605 059 619 o vía Whatsapp


¿Cuándo se viola este derecho fundamental?

Incidiendo en la cuestión relativa a la denegación de práctica de diligencias de investigación, el Tribunal Constitucional ha mantenido que para que se produzca violación de este derecho fundamental, es necesario que concurran dos circunstancias:

  1. a) La denegación o inejecución han de ser imputables al órgano judicial, por haberse inadmitido, por ejemplo, pruebas relevantes para la resolución final del asunto litigioso sin motivación alguna o mediante una interpretación de la legalidad manifiestamente arbitraria o irrazonable.
  1. b) La prueba denegada o impracticada ha de ser decisiva en términos de defensa, debiendo justificar el recurrente en su demanda la indefensión sufrida.

Esta última exigencia de acreditación de la relevancia de la prueba denegada y, por ende, de su trascendencia constitucional exige que la recurrente haya alegado y fundado adecuadamente dicha indefensión en la demanda, habida cuenta de que, como es notorio, la carga de la argumentación recae sobre la solicitante de amparo.

Y se proyecta, según la jurisprudencia constitucional, en un doble plano: por un lado, la recurrente ha de demostrar la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas o no practicadas; y, por otro lado, ha de argumentar, de modo convincente, el modo en que la admisión y práctica de la prueba objeto de la controversia habría podido tener una incidencia favorable a la estimación de sus pretensiones; sólo en tal caso -comprobado que la resolución final del proceso a quo podría haberle sido favorable, de haberse aceptado y practicado la prueba objeto de controversia-, podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho de quien por este motivo solicita el amparo constitucional[3].

Conclusión

En cualquier caso, la doctrina jurisprudencial anteriormente expuesta exige, además de una resolución motivada y fundada en Derecho, una resolución coherente con el derecho fundamental que está en juego. Sobre todo es necesario que la resolución judicial sea conforme con el mismo, compatible con él, esto es, que exprese o trasluzca una argumentación axiológica que sea respetuosa con su contenido.

De este modo, es perfectamente posible que existan resoluciones judiciales que satisfagan las exigencias del meritado artículo 24.1 CE, por recoger las razones de hecho y de derecho que fundamenten la medida acordada, pero que, desde la perspectiva del libre ejercicio de los derechos fundamentales, no expresen de modo constitucionalmente adecuado las razones justificativas de las decisiones adoptadas.

En estos casos, la evaluación de la efectividad y de la suficiencia de la tutela judicial dispensada coincidirá con la suficiencia de la indagación judicial y dependerá, no solo de que las decisiones impugnadas de cierre de la misma estén motivadas y jurídicamente fundadas, sino también que sean conformes con el derecho fundamental que se invoca como lesionado.

Debiendo insistirse en que, como afirma este Alto Tribunal, la suficiencia de la investigación judicial no puede ser resuelta sólo con criterios abstractos, sino en función tanto de los datos que se aportaron inicialmente a la instrucción y de los después conocidos, que aportaban o eliminaban argumentos para continuarla o para darla por terminada, como de la gravedad de los hechos investigados y de la dificultad propia de la investigación, que puedan exigir nuevas y más incisivas diligencias que en otro tipo de causas serían innecesarias.


Esperamos desde VITIUM, les haya resultado de interés el estudio compartido por el equipo de abogados expertos en derecho penal de Almería.

Puede hablar con nosotros llamando al 📞605 059 619 o vía mail en 📩info@penal.legal

Además, puede contactarnos de manera inmediata vía Whatsapp haciendo click en la siguiente imagen

——————-

[1] En este sentido se pronuncian, entre otras muchas resoluciones, las Sentencias del Tribunal Constitucional 16/1999, 61/2000 o 84/2000.

[2] Sentencia del Tribunal Constitucional 311/2000

[3] Sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de junio de 2006.