Portada ¬Ľ Fase de investigaci√≥n o instrucci√≥n ¬Ľ La Querella en el Proceso penal espa√Īol ¬Ľ Admisi√≥n de una querella

‚úĒ¬† Buscando.ABOGADO¬ģ es la mayor red en Espa√Īa de especialistas en derecho penal. en esta ocasi√≥n, ahondamos en el concepto de admisi√≥n de una querella.

Admisión de una querella

¬†Cuando interponemos una querella nos viene a la cabeza r√°pidamente una pregunta: ¬Ņla admitir√° a tr√°mite el Juzgado Instructor, o la archivar√° directamente? ¬ŅSe llegar√°n a practicar las pruebas imprescindibles para comprobar si hay indicios de criminalidad, o sufriremos una investigaci√≥n insuficiente?

Pues bien, para estar preparados y saber qué argumentar contra dichas hipótesis hemos confeccionado la siguiente entrada:

La admisión a trámite de una querella, y la tutela judicial efectiva

Establece el art√≠culo 24 de la Constituci√≥n Espa√Īola que ‚Äútodas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses leg√≠timos, sin que, en ning√ļn caso, pueda producirse indefensi√≥n‚ÄĚ, y que ‚Äútodos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusaci√≥n formulada contra ellos, a un proceso p√ļblico sin dilaciones indebidas y con todas las garant√≠as, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra s√≠ mismos, a no confesarse culpables y a la presunci√≥n de inocencia‚ÄĚ.

Por su parte, el art√≠culo 9.3 de la Norma Suprema dispone que ‚Äúla Constituci√≥n garantiza el principio de legalidad, la jerarqu√≠a normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jur√≠dica, la responsabilidad y la interdicci√≥n de la arbitrariedad‚ÄĚ. Igualmente, el art√≠culo 120.3 CE establece que ‚Äúlas sentencias ser√°n siempre motivadas y se pronunciar√°n en audiencia p√ļblica‚ÄĚ.

As√≠, el principio de tutela judicial efectiva, garantiza el derecho a obtener de los Tribunales una sentencia o resoluci√≥n, y cubre adem√°s toda una serie de aspectos relacionados, como son la garant√≠a de acceso a los recursos, la posibilidad de remediar irregularidades procesales determinantes de indefensi√≥n y una motivaci√≥n suficiente. Estas garant√≠as, consagradas constitucionalmente, se regulan por el Derecho procesal, y son los √≥rganos judiciales los encargados de su protecci√≥n. Son garant√≠as procesales, y al ser el poder judicial un √≥rgano que goza de independencia, constituyen la mejor garant√≠a del respeto por los dem√°s, ya sean poderes p√ļblicos o privados, de los derechos fundamentales del hombre. Ello presupone la existencia del llamado derecho a la jurisdicci√≥n, es decir, del derecho que permite la defensa jur√≠dica de todos los derechos, mediante un proceso garantizado, y cuya decisi√≥n final est√° en manos de un √≥rgano jurisdiccional. Igualmente, tal derecho lleva consigo el que nadie pueda ser privado de sus derechos sin un proceso realizado conforme a derecho, en el que sea o√≠do y en el que se le permita hacer uso de las pruebas concernientes a su pretensi√≥n, y que √©stas sean recibidas y valoradas en su justa medida.

Por otro lado, en lo que se refiere al derecho a no sufrir indefensi√≥n, se ha definido la misma como ‚Äúfalta de defensa, abandono, desamparo, situaci√≥n en que se deja a la parte litigante a la que se le niegan o limitan contra ley sus medios procesales de defensa‚ÄĚ, o tambi√©n como ‚Äúsufrir en el seno del proceso una privaci√≥n o limitaci√≥n de las posibilidades esenciales del derecho de defensa (alegaci√≥n y/o prueba) a lo largo del mismo o de cualquiera de sus fases o incidentes‚ÄĚ. La exigencia de que en ning√ļn caso pueda producirse indefensi√≥n, implica que todo proceso judicial debe respetar el derecho de las partes de un proceso a una defensa contradictoria por medio de las alegaciones procesales, en uso de sus respectivos derechos y en defensa de sus intereses.

La admisión de una querella y el deber de motivación

Asimismo, el derecho objeto de an√°lisis, supone, tambi√©n, el de obtener una resoluci√≥n fundada en derecho, lo que quiere decir que la resoluci√≥n que se adopte ha de estar motivada, seg√ļn establece el art√≠culo 120.3 de la Constituci√≥n Espa√Īola, quedando el razonamiento adecuado confiado al √≥rgano jurisdiccional competente. Si bien este derecho a la motivaci√≥n de las resoluciones judiciales no supone que el Juez o Tribunal est√© obligado a realizar una exhaustiva descripci√≥n del proceso intelectual que le lleva a resolver en un determinado sentido, si es totalmente imprescindible que se exprese de modo claro y que pueda entenderse el porqu√© de lo resuelto, quedando as√≠ de manifiesto que no ha actuado con arbitrariedad, prohibida por el art√≠culo 9.3 de la Constituci√≥n Espa√Īola. De este modo, se refuerza la garant√≠a de las partes en el proceso, en evitaci√≥n de cualquier arbitrariedad del Proceso Judicial, y para obtener la tutela efectiva de los derechos subjetivos, con proscripci√≥n de cualquier indefensi√≥n.

Adem√°s, hay que tener en cuenta que, tal y como establece el Tribunal Constitucional, los fundamentos de la Sentencia se deben dirigir a lograr el convencimiento de todas las partes en el proceso, respecto de la correcci√≥n y justicia de la decisi√≥n judicial sobre los derechos de un ciudadano. En este sentido, deben mostrar el esfuerzo del Tribunal por lograr una aplicaci√≥n del derecho vigente libre de toda arbitrariedad. El objeto de este deber de motivaci√≥n lo pone de manifiesto este Alto Tribunal, entre otras muchas resoluciones, en su Sentencia de 27 de abril de 2010, al afirmar que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva cuando la argumentaci√≥n ofrecida por el √≥rgano judicial sea una ‚Äúafirmaci√≥n apod√≠ctica desprovista del necesario soporte argumental, pues ni expl√≠cita ni impl√≠citamente puede conocerse o deducirse cu√°l ha sido su sustento‚ÄĚ, pues ‚Äúse obvia as√≠ que el pronunciamiento del √≥rgano judicial ha de ser la conclusi√≥n de una argumentaci√≥n ajustada al tema o temas en litigio, para que los interesados, los √≥rganos judiciales superiores, en su caso, y tambi√©n los ciudadanos, puedan conocer el fundamento, la ratio decidendi de las resoluciones, evitando incurrir en la tacha de arbitrariedad, que hemos caracterizado como una actuaci√≥n judicial sin razones formales ni materiales y que resulta de una ‚Äúsimple expresi√≥n de la voluntad‚ÄĚ o de un ‚Äúmero voluntarismo judicial‚ÄĚ. De forma que, sin perjuicio de la libertad del juez en la interpretaci√≥n de las normas, de la argumentaci√≥n que √©ste ofrezca en su resoluci√≥n se deber√° comprobar que la soluci√≥n dada al caso concreto es consecuencia de una ex√©gesis racional del ordenamiento y no el fruto de la arbitrariedad.

En este mismo sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Constitucional 214/1999, de 29 de noviembre, que establece lo siguiente: ‚Äú(‚Ķ) La cuesti√≥n que tenemos que resolver es, pues, si las Sentencias impugnadas al interpretar y aplicar la legislaci√≥n vigente al caso enjuiciado han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (‚Ķ) En efecto, como hemos declarado en m√ļltiples ocasiones el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva integra en su contenido, adem√°s del derecho a la defensa y a la ejecuci√≥n de las resoluciones judiciales, el derecho al acceso a la jurisdicci√≥n y, en su caso, a los recursos, para obtener una resoluci√≥n sobre el fondo de la pretensi√≥n planteada, que sin embargo puede ser de inadmisi√≥n si concurren las causas legalmente previstas para ello. En todo caso, la respuesta debe ser motivada, razonada y congruente. Por el contrario, este derecho constitucional no incluye un pretendido derecho al acierto judicial en la selecci√≥n, interpretaci√≥n y aplicaci√≥n de las disposiciones legales, salvo que con ellas se afecte el contenido de otros derechos fundamentales (‚Ķ) Es cierto que en numerosas Sentencias este Tribunal ha declarado que para que quepa admitir, desde la perspectiva constitucional, que una resoluci√≥n judicial est√° razonada es necesario que el razonamiento en ella contenido no sea arbitrario, ni irrazonable, ni incurra en un error patente (‚Ķ) En rigor, cuando lo que se debate es, como sucede en este caso, la selecci√≥n, interpretaci√≥n y aplicaci√≥n de un precepto legal que no afecta a los contenidos t√≠picos del art. 24.1 C.E. o a otros derechos fundamentales, tan s√≥lo podr√° considerarse que la resoluci√≥n judicial impugnada vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva cuando el razonamiento que la funda incurra en tal grado de arbitrariedad, irrazonabilidad o error que, por su evidencia y contenido, sean tan manifiestos y graves que para cualquier observador resulte patente que la resoluci√≥n de hecho carece de toda motivaci√≥n o razonamiento. En estos casos, ciertamente excepcionales, la aparente contradicci√≥n con la mentada premisa no existe, puesto que, como queda dicho, la falta de motivaci√≥n y de razonamiento constituye uno de los contenidos t√≠picos del art. 24.1 C.E. Es cierto que, en puridad l√≥gica, no es lo mismo ausencia de motivaci√≥n y razonamiento que motivaci√≥n y razonamiento que por su grado de arbitrariedad o irrazonabilidad debe tenerse por inexistente; pero tambi√©n es cierto que este Tribunal incurrir√≠a en exceso de formalismo si admitiese como decisiones motivadas y razonadas aqu√©llas que, a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental, se comprueba que parten de premisas inexistentes o patentemente err√≥neas o siguen un desarrollo argumental que incurre en quiebras l√≥gicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas (‚Ķ)‚ÄĚ.


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La admisión y el derecho de Acceso a la Jurisdicción

Por otro lado, como hemos puesto de manifiesto con anterioridad, el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art√≠culo 24 de la Constituci√≥n Espa√Īola, tambi√©n comprende entre sus garant√≠as el derecho de acceso a la jurisdicci√≥n, derecho que para el Tribunal Constitucional ‚Äúconstituye el ‚Äún√ļcleo‚ÄĚ, la ‚Äúvertiente primaria‚ÄĚ o ‚Äúel primero de los contenidos del derecho a la tutela judicial efectiva‚ÄĚ[1]. Es por ello que dicho Alto Tribunal suele configurar ese principio como una exigencia de optar en todo caso por la interpretaci√≥n de los preceptos que regulan el acceso a la jurisdicci√≥n del modo que resulte m√°s beneficioso para el ejercicio de ese derecho, de tal forma que ‚Äúimpone la interdicci√≥n de aquellas decisiones de inadmisi√≥n que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra raz√≥n revelen una clara desproporci√≥n entre los fines que aquellas preservan y los intereses que sacrifican‚ÄĚ.

Igualmente, el Tribunal Constitucional ha establecido a este respecto que el derecho de acudir al Juez o Tribunal competente para defender derechos e intereses leg√≠timos es un derecho que se concibe como un derecho prestacional de configuraci√≥n legal que opera frente al legislador, vetando la aprobaci√≥n de ‚Äúnormas que impongan condiciones impeditivas u obstaculizadoras del acceso a la jurisdicci√≥n, siempre que los obst√°culos legales sean innecesarios y excesivos y carezcan de razonabilidad y proporcionalidad, respecto a los fines que l√≠citamente puede perseguir el legislador en el marco de la Constituci√≥n‚ÄĚ, y tambi√©n frente a los √≥rganos judiciales como exigencia de que la selecci√≥n, interpretaci√≥n y aplicaci√≥n de los preceptos que regulan el acceso a la jurisdicci√≥n se lleven a cabo mediante resoluciones motivadas, razonables, no arbitrarias, no incursas en error patente y, sobre todo, conformes con el principio pro actione[2].¬†

As√≠, en reiteradas ocasiones el Tribunal Constitucional ha afirmado que, en aquellos supuestos de inadmisi√≥n de denuncias o de recursos, debe indagarse ‚Äúsi existe una causa legal para inadmitir‚ÄĚ y si ha sido interpretada y aplicada de forma motivada, razonable y proporcional.

La admisión a trámite de una querella, y el derecho a los recursos

En cuanto al derecho a la utilizaci√≥n de los recursos legalmente previstos se refiere, la jurisprudencia constitucional ha establecido que no puede impedirse el acceso a las instancias supraordenadas mediante obst√°culos indebidos o por denegaci√≥n injustificada, se√Īalando que, si bien el legislador no viene obligado a dise√Īar un sistema determinado de recursos, una vez que la ley ha establecido tal sistema la denegaci√≥n de tal derecho √ļnicamente podr√° realizarse en los t√©rminos y con los requisitos establecidos legalmente, vulner√°ndose el derecho a la tutela judicial efectiva cuando tal decisi√≥n de inadmisi√≥n sea inmotivada, incongruente, incursa en error material patente o irrazonable.

Y en lo que se refiere a inadmisi√≥n de denuncias, nuestra doctrina jurisprudencial sostiene de forma un√°nime que la solicitud de incoaci√≥n de un procedimiento penal contra determinada persona, poniendo en conocimiento de los √ďrganos competentes una actividad delictiva y pidiendo ser parte del proceso, lo que, en esencia, constituye una denuncia o, en su caso, una querella, forma parte del contenido del art√≠culo 24 de la Constituci√≥n Espa√Īola como vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva. Afirma el Tribunal Constitucional a este respecto que ‚Äúquien ejercita la acci√≥n en forma de querella no tiene, en el marco del art. 24.1 CE, un derecho incondicionado a la apertura y plena sustanciaci√≥n del proceso penal, sino s√≥lo a un pronunciamiento motivado del Juez en fase instructora sobre la calificaci√≥n jur√≠dica que le merecen los hechos, expresando las razones por las que se inadmite su tramitaci√≥n. En definitiva, la inadmisi√≥n de querellas s√≥lo requiere, desde el punto de vista constitucional, que las resoluciones judiciales que las declaren contengan una motivaci√≥n razonada y razonable de las causas que han llevado a tal inadmisi√≥n‚ÄĚ[3].

La in/admisión a trámite de una querella

Ahora bien, el Tribunal Constitucional ha establecido igualmente que la inadmisión a trámite de la querella o de una denuncia, en aplicación del artículo 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sólo procede en aquellos supuestos en los que los hechos en que se funda no constituyan delito, o cuando no se considere competente para instruir el sumario objeto de la querella. Constituyendo doctrina reiterada que cuando no se cuestione la competencia del instructor, la querella o la denuncia sólo puede desestimarse cuando los hechos en ella narrados, tal y como resultan expuestos, carezcan de tipicidad.

Por el contrario, si los hechos relatados son constitutivos de delito, la querella debe admitirse a tr√°mite y procederse a la pr√°ctica de las diligencias pertinentes, necesarias, m√≠nimas indispensables, tendentes a la acreditaci√≥n de los hechos. De tal forma que, seg√ļn lo manifestado por nuestra jurisprudencia, el juicio valorativo que debe realizar el Juez de Instrucci√≥n para admitir o no la querella se halla limitado al plano de la subsunci√≥n t√≠pica de los hechos en ella expuestos, quedando al margen la valoraci√≥n sobre las posibles posibilidades de existencia real de tales hechos, que quedar√° relegada a un momento posterior a la pr√°ctica de las pruebas tendentes a la averiguaci√≥n de tales hechos. Realizando por tanto un juicio hipot√©tico en el que, asumiendo como probados los hechos relatados en la querella, deber√° inadmitir la querella cuando los mismos sean manifiestamente at√≠picos; por el contrario, deber√° admitirla, en aquellos supuestos en los que, de resultar debidamente acreditado los hechos relatados en la querella, resultan subsumibles en alg√ļn precepto penal.

Tal doctrina es absolutamente compartida por el propio Tribunal Supremo, que tambi√©n se ha pronunciado sobre esta cuesti√≥n, debiendo hacer menci√≥n, a modo de ejemplo, a lo acordado por dicho Alto Tribunal en Auto de 26 de mayo de 2009, en el que se afirmaba, con relaci√≥n a la admisi√≥n a tr√°mite, que ‚Äúla decisi√≥n se contrae estrictamente a determinar si es procedente dar inicial curso procesal a la querella o si lo es rechazar su sustanciaci√≥n “a limine”; cuesti√≥n que depende de la concurrencia de los requisitos procesales y sustantivos que condicionan la inicial idoneidad procesal de la querella para provocar la apertura de un proceso, y que son independientes del curso y resultado que produzca la causa una vez iniciada‚ÄĚ; y que una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos formales exigidos por el art√≠culo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, as√≠ como de los presupuestos procesales de admisibilidad (capacidad y legitimaci√≥n), habr√° de valorarse la ‚Äúnecesidad de relevancia penal de los hechos‚ÄĚ, ya que el art√≠culo 313 de la Ley de Ritos ordena la desestimaci√≥n de la querella cuando los hechos en que se funda ‚Äúno constituyen delito‚ÄĚ. A√Īadiendo a continuaci√≥n que ‚Äúla valoraci√≥n de si tienen significaci√≥n penal no puede hacerse sino en funci√≥n de los hechos como son alegados en la querella, y no de los que resulten acreditados, porque, si averiguarlos es el objeto del proceso, su verificaci√≥n no puede convertirse en presupuesto de la incoaci√≥n (‚Ķ) de manera que si √©stos, como vienen formulados o afirmados, no son delictivos, proceder√° su inadmisi√≥n en resoluci√≥n motivada. S√≥lo si los hechos alegados, en su concreta formulaci√≥n llenan las exigencias de alg√ļn tipo penal debe admitirse la querella sin perjuicio de las decisiones que posteriormente procedan en funci√≥n de las diligencias practicadas en el procedimiento (‚Ķ) En an√°logo sentido el TC declara que debe distinguirse entre aquellos supuestos en los que la resoluci√≥n judicial no excluya “ab initio” en los hechos denunciados las notas caracter√≠sticas de lo delictivo, y aquellos otros en que s√≠ las excluya. En el primer caso existe un “ius ut procedatur” conforme al cual deben practicarse las actuaciones necesarias de investigaci√≥n. No as√≠ por el contrario en aquellos casos en los que el √≥rgano judicial entiende razonadamente que la conducta o los hechos imputados, suficientemente descritos en la querella, carecen de ilicitud penal (‚Ķ) En definitiva, la admisi√≥n a tr√°mite de una querella no exige la constancia acreditada de lo que afirma, sino la posible relevancia penal de los hechos que contiene, de suerte que s√≥lo si aprior√≠sticamente se descarta su tipicidad proceder√° la inadmisi√≥n “a limine”, mientras que, cuando no se excluya “ab initio”, habr√° de admitirse a tr√°mite la querella, y ser√° luego en el √°mbito del proceso correspondiente donde ha de decidirse en su caso el sobreseimiento, si procede (‚Ķ)‚ÄĚ.

Y tambi√©n el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la ‚Äúnecesidad de investigar las denuncias‚ÄĚ, pudiendo citar, a modo de ejemplo, la Sentencia n√ļmero 107/2008, de 22 de septiembre, en la que se somet√≠a a la consideraci√≥n de dicho Tribunal una demanda de amparo en que el recurrente imputaba a las resoluciones judiciales impugnadas la vulneraci√≥n de sus derechos a la integridad f√≠sica y moral, a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garant√≠as, al haber acordado los √≥rganos jurisdiccionales el sobreseimiento provisional y el archivo de unas diligencias penales incoadas por una denuncia de torturas sin razones bastantes y sin haber practicado antes todas las diligencias de investigaci√≥n disponibles para esclarecer los hechos denunciados, y en la que afirmaba lo siguiente: ‚Äú(‚Ķ) Este Tribunal ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre las exigencias derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en relaci√≥n con las decisiones judiciales de sobreseimiento de instrucciones penales incoadas por denuncias de torturas o de tratos inhumanos o degradantes (‚Ķ). En esta jurisprudencia este Tribunal ha destacado, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre este particular (‚Ķ), que el derecho a la tutela judicial efectiva de quien denuncia haber sido v√≠ctima de torturas o de tratos inhumanos o degradantes exige, seg√ļn el canon reforzado de motivaci√≥n, una resoluci√≥n motivada y fundada en Derecho y acorde con la prohibici√≥n absoluta de tales conductas, en que se ¬ęha de tener en cuenta la gravedad de la quiebra de esta prohibici√≥n y el tipo de actividad judicial necesaria para preservarla dadas su dif√≠cil detectabilidad y la especial dependencia respecto de dicha actividad judicial de la indemnidad de la dignidad de la persona, objeto central de protecci√≥n de la prohibici√≥n. Es de se√Īalar en tal sentido que se trata de una tutela judicial doblemente reforzada que no encuentra parang√≥n en otras demandas de auxilio judicial, pues se pide la tutela judicial frente a la vulneraci√≥n de un derecho fundamental que constituye un derecho absoluto cuya indemnidad depende esencialmente de dicha tutela judicial¬Ľ. Y subrayado tambi√©n que en estos casos ¬ęel derecho a la tutela judicial efectiva s√≥lo se satisface si se produce una investigaci√≥n de lo denunciado que sea a su vez suficiente y efectiva, pues la tutela que se solicita consiste inicialmente en que se indague sobre lo acaecido. Tales suficiencia y efectividad s√≥lo pueden evaluarse con las circunstancias concretas de la denuncia y de lo denunciado, y desde la gravedad de lo denunciado y su previa opacidad, rasgos ambos que afectan al grado de esfuerzo judicial exigido por el art. 24.1 CE¬Ľ. En esa misma jurisprudencia est√° igualmente dicho que, si bien esta exigencia no comporta la apertura de la instrucci√≥n en todo caso, ni impone la realizaci√≥n de todas las diligencias de investigaci√≥n posibles, ¬ępor el contrario, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva en este √°mbito que no se abra o que se clausure la instrucci√≥n cuando existan sospechas razonables de que se ha podido cometer el delito de torturas o de tratos inhumanos o degradantes denunciado, y cuando tales sospechas se revelen como susceptibles de ser despejadas¬Ľ, ya que ¬ęrespecto a la investigaci√≥n de indicios de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes sufridos bajo la custodia de autoridades policiales, de los Acuerdos internacionales firmados por Espa√Īa y del propio tenor del art. 15 CE se desprende un especial mandato de agotar cuantas posibilidades razonables de indagaci√≥n resulten √ļtiles para aclarar los hechos. En estos supuestos, en los que el valor superior de la dignidad humana puede verse comprometido con motivo de una situaci√≥n especial en la que el ciudadano se encuentra provisionalmente bajo la custodia f√≠sica del Estado, es necesario acentuar las garant√≠as, de tal modo que el ordenamiento constitucional pueda amparar al ciudadano f√°cticamente desprotegido ante cualquier sospecha de excesos contra su integridad f√≠sica o moral¬Ľ (‚Ķ)‚ÄĚ[4].


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[1] En este sentido se pronuncian, entre otras muchas resoluciones, las Sentencias del Tribunal Constitucional 16/1999, 61/2000 o 84/2000.

[2] Sentencia del Tribunal Constitucional 311/2000

[3] Por todas, Sentencias el Tribunal Constitucional 148/1987 y 238/1988 y Auto 348/1992

[4] En el mismo sentido, se pronuncian, entre otras, las Sentencias del Tribunal Constitucional n√ļmero 69/2008, de 23 de junio; n√ļmero 52/2008, de 14 de abril; n√ļmero 34/2008, de 25 de febrero; o n√ļmero 224/2007, de 22 de octubre.