Portada ¬Ľ Fase de investigaci√≥n o instrucci√≥n ¬Ľ La Denuncia en el Proceso penal espa√Īol

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Denuncia

La figura jurídica de la denuncia viene regulada en  los artículos 259 a 269 del Título I, del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

No es más que la puesta en conocimiento de la autoridad judicial o policial de la comisión de unos hechos que podrían ser constitutivos de delito, bien adicionando las personas supuestamente responsables, o bien desconociendo la autoría del mismo.

La finalidad de la denuncia es la de que las autoridades judiciales adopten las medidas necesarias para la averiguación y castigo de los culpables del delito.

Con el mero hecho de denunciar la persona que lo hace no se est√° mostrando parte en ese procedimiento judicial donde se va a investigar el delito, sino que deja en manos de la justicia el devenir de la suerte de los hechos denunciados y las personas responsables.

Es por ello que si usted tiene interés en que un hecho se investigue y quiere formar parte de las propuestas de diligencias de investigación, y en su caso recurrir una de posible decisión de archivos por parte del juez, usted ha de presentar una querella, para lo cual habrá que contratar un abogado y un procurador.

Básicamente esto es lo que le diferencia una denuncia de una querella, porque como decimos, con la denuncia usted no es parte en el procedimiento y ni siquiera le notificarán un posible archivo de las actuaciones, por lo que un día se enterará de que quizás la investigación no fue lo profunda que usted hubiera gustado o no se solicitaron las pruebas que usted consideraba obvias. O quizá se trató como leve un hecho que para usted debió de tratarse como muy grave.

Interponer una denuncia en términos económicos es gratuito, pero si tiene verdadero interés en el devenir de la investigación le aconsejamos contratar un abogado y un procurador para personarse en el procedimiento.

Por otro lado, también está legitimado para presentar denuncia la policía judicial a través de los atestados que confeccionan y de los cuales dan traslado a la autoridad judicial a fin de que ésta determine la procedencia o no de abrir una investigación judicial.

Obligados a denunciar

Como norma general y como consecuencia del dictado del art√≠culo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, toda persona que presencia un delito p√ļblico est√° obligado a ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial o policial.

No obstante hay una serie de personas que por exención legal no tienen la obligación de denunciar, y son los siguientes:

  • Los que no gozan del pleno uso de su raz√≥n.
  • Los imp√ļberes, es decir, los menores de edad.
  • El c√≥nyuge del delincuente.
  • Los ascendientes y descendientes consangu√≠neos o afines del delincuente y sus colaterales consangu√≠neos o uterinos y afines hasta el segundo grado inclusive.
  • Los hijos naturales respecto de la madre en todo caso, y respecto del padre cuando estuvieren reconocidos, as√≠ como la madre y el padre en iguales casos.

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Dónde presentar una denuncia

Existen diversos lugares donde se puede presentar una denuncia teniendo cada una de ellas diferentes consecuencias jurídicas. Veamos las tres posibilidades que hay:

1.- Ante un juzgado de Paz o juzgado de instrucción del partido judicial que corresponda. Ello a excepción de los delitos de violencia de género que se habrán de presentar ante el juzgado de violencia de género del domicilio donde reside la mujer.

2.- Denuncia que se presenta ante el Ministerio Fiscal.

Con ello se le da el testigo del objeto de la denuncia al Ministerio Fiscal para que sea éste el que valore la posibilidad de poner los hechos o no en conocimiento de la autoridad judicial.

3.- Denuncia ante funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad.

Del mismo modo que en el p√°rrafo anterior estamos delegando la valoraci√≥n de pertinencia o no de que se traslade la ‚Äúnotitia criminis‚ÄĚ al juzgado.

Consecuencias de la presentación de la denuncia

Cuando una denuncia llega un juzgado lo primero que hace éste es estudiar si es competente en función del hecho que se denuncia, dónde han ocurrido los hechos y las personas responsables.

En caso de que no se considere competente habrá de remitir la causa al juzgado que considere es competente. Y en caso de que ninguno de los dos se atribuyere la competencia, la cuestión se dirimiría por el cauce procesal denominado cuestión de competencia.

Una vez que el juzgado reconoce la competencia, habría de abrir diligencias de investigación para acto seguido decidir si hay indicios de criminalidad a fin de iniciar una investigación efectiva, o en caso contrario archivar bien porque no exista una justificación de que realmente se ha cometido un delito, o no haya forma de investigar dicha posibilidad, o bien archivar porque los hechos que se denuncian ni siquiera alcanzan a ser, en el supuesto de que fueran realidad, constitutivos de delito.


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