Delitos contra los extranjeros

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VITIUM Abogados es la mayor red en España de especialistas en derecho penal. En esta ocasión, ahondamos en el concepto de delitos contra los extranjeros.

Delitos contra los extranjeros

Con la creciente oleada de tráfico clandestino de migrantes, el código penal pretende castigar severamente a las mafias que aprovechan la vulnerabilidad de estos colectivos. Más concretamente, la protección de los derechos de los ciudadanos extranjeros fue introducida por la ley orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

El Código Penal español dedica el libro II título XV bis a los “delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros” en un solo artículo, el 318 bis.

Bien jurídico protegido en los delitos contra los extranjeros

Se dice que es un delito pluriofensivo dado que por un lado se protegen derechos individuales como son los derechos de cada extranjero a una plena y efectiva integración social; y por otro lado, se protege el derecho de los estados a controlar el orden social y el interés general frente a los flujos migratorios.

Conducta típica del tipo básico

Se tipifica cualquier conducta con la que se pretenda que una persona que no sea miembro de un Estado de la unión europea, entre en territorio español o permanezca contra la legislación vigente.

En este sentido podemos distinguir las siguientes modalidades delictivas:

  • Ayudar a entrar en territorio español. Se trata de dotar de medios a un ciudadano extracomunitario a fin de que entre en territorio nacional bien sea por mar, tierra o por el espacio aéreo. Son frecuentes los casos relativos a facilitar el viaje del extracomunitario oculto en dobles fondos de un camión, en cuyo caso serían responsables todos los partícipes; desde el propietario del camión, el conductor, las personas que esperan en destino para facilitar la salida del camión, etc.
  • Ayudar a transitar por territorio español. Se trataría por ejemplo de facilitar documentación falsa.
  • Ayudar a permanecer en España. Cometería este delito el que proporciona alojamiento facilitándole así su ocultación en territorio nacional.

Requisitos del tipo

  • Conciencia y voluntad de ayuda al extracomunitario.
  • En el caso de ayuda en la permanencia ha de existir ánimo de lucro.
  • Vulneración de la legislación vigente en alguno de estos puntos:
    • Que el pasaporte no sea legítimo.
    • Que no se haya introducido por los puestos habilitados ad hoc.
    • Estar sujeto a una prohibición de entrada.
    • No portar visado cuando sea obligatorio.
  • Afectación de los derechos individuales de los extranjeros: el código penal, en tanto que subsidiario, exige para castigar penalmente estas situaciones que no sólo estemos ante una falta administrativa, si no que tenemos que estar ante un caso de afectación profunda de los derechos individuales de los ciudadanos extranjeros que justifique la activación del procedimiento penal.

Penalidad

Se castiga con la pena de multa de 3 a 12 meses o prisión de 3 meses a 1 año.

Ayuda humanitaria como causa de justificación

Por encima de la normativa nacional de cada país, los convenios regionales e internacionales de derechos humanos legitiman la ayuda humanitaria ante situaciones de riesgo para la vida, la salud o la dignidad humana del inmigrante.

En definitiva estamos ante un “estado de necesidad” que legitimaría la acción de ayuda que formalmente podría colmar los requisitos del tipo penal, pero que por obedecer a un dolo positivo humanitario quedaría impune por prevalecer el bien jurídico superior comprometido.

Subtipos agravados

Existen una serie de circunstancias que de concurrir elevan la pena del tipo básico, previstas en el artículo 318 bis y que son las siguientes:

  • Ánimo de lucro: pena de multa de siete meses y medio a doce meses o prisión de siete meses y medio a un año.
  • Pertenencia a Organización Criminal: prisión de cuatro a ocho años.
  • Peligro para la vida e integridad física del inmigrante: pena de prisión de seis a ocho años, que podrá elevarse de ocho a doce años.
  • Prevalimiento de la condición de autoridad, agente de este o funcionario público: pena de prisión de cuatro a ocho años y además la de inhabilitación absoluta de seis a doce años.

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