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Delitos contra la seguridad social

Situaciones fácticas que en el pasado sólo eran perseguibles mediante la jurisdicción contenciosa, en el presente, la legislación española prevé un apartado específico para la Seguridad Social como objeto de protección penal específico. Están regulados en el artículo 307, bajo el Título XIV “De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social”.

De la dicción literal de estos artículos podemos distinguir dos tipos distintos: La defraudación a la seguridad social, y la obtención indebida de prestaciones.

Defraudación a la Seguridad Social

Constituye una acción delictiva el que por acción u omisión defraude a la Seguridad Social por importe superior a 50.000 €. Existen dos maneras fundamentales de realizar esta conducta:

– Eludir el pago de las cuotas y conceptos de recaudación conjunta

– Obtener devoluciones o beneficiarse de deducciones por cualquier motivo de manera indebida

Así, el artículo 307 del Código Penal considera autor de un delito contra la Seguridad Social a todo aquel que “por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida, siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de cincuenta mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía”.

Ahora bien, se considerará regularizada la situación del sujeto en lo que respecta a sus responsabilidades con la Seguridad Social cuando este haya reconocido y pagado la totalidad de la deuda antes de que le sea notificado que se va a iniciar una inspección para determinar tal deuda o, si bien esto no se produce, “antes de que el Ministerio Fiscal o el Letrado de la Seguridad Social interponga querella o denuncia (…) o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan [al sujeto] tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias”.

Cuando el sujeto haya regularizado su deuda o deudas con la Seguridad Social, este ya no podrá ser perseguido por “posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales” en relación a estas responsabilidades concretas que “pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación”.

Atenuante

Se impondrá la pena inferior en 1 o 2 grados, a aquel que abone la deuda contraída contra la Seguridad Social así como reconozca los hechos imputados en un plazo inferior a dos meses desde el día que le citó como imputado.

Agravantes

La condena a imponer será de entre 2 a 6 años de prisión y multa del doble al séxtuplo de la cuantía, además de la imposibilidad de obtener “subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de cuatro a ocho años” cuando estemos en uno de estos casos:

  • El importe del fraude supere los 120.000 euros.
  • El fraude se haya cometido prevaliéndose de una organización o grupo criminal.
  • Se haga uso de personas, físicas o jurídicas, negocios, instrumentos, paraísos fiscales, u otras figuras de interposición o pantalla.

Obtención ilícita de prestaciones de la Seguridad Social

Además de la conducta descrita anteriormente, el código penal prevé una pena base de seis meses a tres años de prisión y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, beneficios o incentivos fiscales durante un tiempo de entre tres y seis años a quien “obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública”.

Este delito contiene una modalidad agravada para el caso en que la cantidad afectada supere los 50.000 €, en cuyo supuesto la pena se elevará a prisión entre dos y seis años y multa del séxtuplo de la cuantía, extendiéndose además la imposibilidad de disfrutar de subvenciones, beneficios o incentivos fiscales a un período comprendido entre cuatro y ocho años.

Al igual que  comentábamos para el delito de defraudación a la Seguridad Social, también se contempla el fin de la persecución judicial del sujeto cuanto este abone “una cantidad equivalente al valor de la prestación recibida incrementada en un interés anual equivalente al interés legal del dinero aumentado en dos puntos porcentuales, desde el momento en que las percibió”, siempre y cuando esto se haga antes de que le sea notificada una inspección, la interposición de denuncia o querella o el inicio de la instrucción judicial.


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