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SuperAbogado es la mayor red en España de especialistas en derecho penal. En esta ocasión tratamos la financiación ilegal de partidos políticos,

Delitos de financiación ilegal de partidos políticos

Sin duda un delito de mucho interés social a la vista de las investigaciones judiciales ocurridas en España en este ámbito de la corrupción.

A nivel internacional sorprende que los convenios y demás instrumentos internacionales dejen el tema de la corrupción por financiación ilegal de partidos políticos al margen, motivo por el cual nos congratulamos de que la reforma del código penal del año 2015, en forma de enmiendas eso sí, haya introducido este concreto delito.

En concreto se introducen los artículos art.304 bis y ter, que integran el nuevo Título XIII bis llamado «De los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos», en un lugar del código penal un tanto inespecífico a nivel sistemático, en tanto que está situado inmediatamente después de los delitos contra el orden socioeconómico, si bien se destacaría este delito por su falta de relación con valores estrictamente económicos.

Bien jurídico protegido del delito de financiación ilegal

 Ha sido enunciado como el servicio que los partidos políticos dan a los ciudadanos. Y asimismo se le da título de bien jurídico protegido a la formación y manifestación de la voluntad popular libre de injerencias en orden a favorecer al pueblo, en lugar de favorecer a los sectores económicos.

Los art.304 bis y 304 ter CP, describen dos acciones constitutivas de asociación ilícita con fines de financiación política, como forma de corrupción:

Delito de financiación ilegal privada del Código Penal art.304 bis.

Por la redacción dada a este precepto parecen quedar al margen de este tipo penal conductas de muchísima gravedad donde se ataca el mismo bien jurídico, como podrían ser las condonaciones de créditos o las asunciones de gastos del partido a nombre de terceros, que si bien la ley orgánica de financiación de partidos políticos asimila a las donaciones, quedarían fuera del tipo penal.

Además, producto de una mala sistematización legislativa ocurre que se dan inferencias entre la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos y el Código Penal, art.304 bis CP. Tanto es así que podría ocurrir que el miembro de un partido político que recibe la donación será únicamente sancionado vía administrativa y sin embargo el donante tendrá que responder en vía penal. O como defienden otros autores, la interpretación correcta sería la impunidad del donante en tanto que el beneficiario solo será sancionado administrativamente.

Realmente no se aprecia una verdadera intención por el legislador en aras a penalizar estas conductas en tanto que el código penal queda de alguna manera como residual habiendo de responder por este tipo de corruptelas generalmente a nivel administrativo. De hecho, el tipo agravado que se establece en el código penal opera únicamente por donaciones superiores a 500.000 €, evidentemente una cifra incomprensiblemente alta.

Esta mala redacción legislativa alcanza también a la consideración de ” especial gravedad ” en tanto que no hay un criterio concreto para apreciar esta especial gravedad más allá de la cuantía.

Sí que es de agradecer la posibilidad que está reforma introduce de condenar como responsables a los partidos políticos y sindicatos en el régimen general de responsabilidad de las personas jurídicas. Igualmente responderá la persona jurídica donante.

Asociación ilícita con fines de financiación de partidos políticos. Código penal art.304 ter.

 A nuestro juicio también resulta algo incomprensible el hecho de que participar en estructuras u organizaciones con la finalidad de financiar ilegalmente partidos políticos sea una conducta más grave que la propia ejecución del fin perseguido, esto es, la concreta financiación de un partido ilegalmente.

Con este diseño entendemos que no quedaría resuelto cómo tipificar al miembro de un partido político que recibe donaciones ilegales, al tiempo que también participa de la estructura que financia ilegalmente a partidos.

Este artículo 304 también prevé una modalidad agravada en su mitad superior para las personas que dirijan las estructuras con finalidad de financiación ilegal pudiendo imponerse la pena en su grado superior cuando los hechos revistan especial gravedad, pero el legislador no define qué ha de entenderse por especial gravedad.

Podríamos concluir pues no. Que aunque podemos atisbar cierta intención de criminalizar la financiación ilegal de partidos políticos, observamos deficiencias técnicas en la redacción y sistematización de los tipos penales de forma que observamos que el legislador se ha limitado a elevar a delito sólo una de las provisiones recogidas en la ley orgánica de financiación de partidos políticos, esto es, la de recibir financiación privada prohibida.

Y respecto al nuevo tipo penal creado, el de asociación ilícita con fines de financiación de partidos políticos, nos encontramos con un artículo poco relacionado con el delito de financiación privada además del mal definido.


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