Delito contra la propiedad intelectual

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VITIUM Abogados es la mayor red en España de especialistas en derecho penal. En esta ocasión, ahondamos en el concepto de delito contra la propiedad intelectual.

Bien jurídico protegido en la propiedad intelectual

La protección de la propiedad intelectual ha de entenderse en el contexto de una obra literaria artística o científica. Y se entiende por propiedad, los derechos personales y patrimoniales que se le atribuyen al autor como por ejemplo la plena disposición de explotación de la obra.

Tanto valor se le otorga, que para los ataques leves tenemos figuras de respuesta en el derecho civil, pero para los ataques más graves, el código penal prevé condenas importantes.

Sujeto activo en el delito de la propiedad intelectual

Puede serlo cualquier persona, incluida una persona jurídica.

Sujeto pasivo

Sin duda el titular de la obra artística, literaria, científica o en su defecto sus cesionarios.

La propiedad intelectual de una obra siempre corresponde al autor. No obstante hay otros derechos allegados a cualquier obra como los relativos a edición, producción, interpretación y/o ejecución que también tienen tanto protección civil como penal.

Objeto material en el delito contra la propiedad intelectual

a.- Obra literaria, artística o científica original

En este apartado podríamos incluir libros, conferencias, escritos, composiciones musicales, obras dramáticas, coreografías, cine, escultura, fotografía, mapas, programas informáticos, y un sinfín de etcéteras.

b.- Una obra derivada o transformada lícitamente: también éstas son objeto de protección por el valor que aportan. En esta clasificación entrarían las traducciones, adaptaciones, revisiones, actualizaciones, compendios, arreglos musicales y así como cualquier tipo de transformación de una obra.

Las conductas castigadas en este tipo penal serán siempre a título doloso, esto es, con el ánimo específico de obtener un “beneficio económico directo o indirecto”. Este concepto ha sustituido tras la reforma de la LO 1/2015 al concepto simple de “ánimo de lucro”, permitiéndose así penalizar conductas como las de los sitios webs donde se puede ver todo tipo de retransmisiones deportivas en abierto donde no se le cobra al usuario sino que se lucran mediante la publicidad.


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Delito básico contra la propiedad intelectual

Los apartados 1 y 2 del art. 270 del CP, determinan dos tipos básicos que comparten los elementos esenciales del tipo legal así como la pena con que se castiga.

h3 1.- Art. 270 párrafo primero

Conductas que inciden sobre obra de carácter artístico o científico, protegida, y con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, y consisten en:

  • La reproducción o fijación de la obra, de carácter intangible e inmaterial, en un medio físico que permita su materialidad y su comunicación, y la obtención de copias de ella.
  • El plagio. Es la copia sustancial de una obra ajena atribuyéndose la autoría.
  • Distribución, o puesta a disposición del público, del original o copias de la obra, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma.
  • Comunicación pública, es todo acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a la obra, sin previa distribución de ejemplares de la misma.
  • Explotación económica de cualquier otro modo: ésta es una cláusula de carácter abierto añadida por la LO 1/2015 que amplia notablemente el número de conductas subsumibles en el tipo, y que permite aplicarlo a pesar del avance de los medios tecnoló

h3  2.- Art. 270.2 del CP.

  • Facilitar, en la prestación de servicios de la sociedad de la información, de modo activo y no neutral (no se penaliza al buscador genérico tal como Google o Bing), y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico, el acceso o la localización en internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual. En particular, ofrecer listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y contenidos referidos anteriormente aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios de sus servicios.

Elementos esenciales del tipo:

  • La ausencia de autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o sus cesionarios.
  • Ánimo de obtener un beneficio directo o indirecto.

Penalidad

  • Pena de prisión de 6 meses a 4 años
  • Multa de 12 a 24 meses.
  • Retirada de las obras o prestaciones objeto de la infracción.

Potestativamente, el juez podrá adicionar la imposición de las medidas cautelares que sirvan para la protección de los derechos de propiedad intelectual, si el juez lo estimara procedente.

Delito contra la propiedad intelectual atenuado

Se impondrá una condena inferior cuando la distribución o comercialización tenga carácter ambulante o meramente ocasional. Para estos delitos se impondrá la pena de prisión de 6 meses a 2 años.

Cuando las características del culpable (persona con escasos medios de vida que buscan la subsistencia), y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido, revelen una menor reprochabilidad, se impondrá condena de multa de 1 a 6 meses o de trabajos en beneficio de la comunidad. Véase “top manta”, por ejemplo.

Para no salirnos del tipo atenuado será necesario que el culpable no pertenezca a organización o asociación, y que no se utilicen a menores de 18 años.

Tipo de exportación, importación y almacenamiento de las obras

Se castiga igualmente la exportación o almacenamiento de ejemplares de las obras, producciones o ejecuciones, y copias digitales de las mismas, cuando estuvieran destinadas a ser reproducidas, distribuidas o comunicadas públicamente, requisito este último introducido por LO 1/2015, en el apartado quinto a) del art. 270 CP.

Igualmente se castiga la importación de estos productos a fin de ser reproducidos, distribuidos o comunicaciones públicamente.

Penalidad. La pena con que se castigan las conductas especificadas en estos dos apartados anteriores es la prevista de forma genérica en los apartados 1 a 5 del art. 270 CP, según los respectivos casos.

Agravantes específicas en los delitos de propiedad intelectual

Se impondrá prisión de dos a seis años, multa de dieciocho a treinta y seis meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido por un período de dos a cinco años, cuando concurran las siguientes circunstancias (271 CP):

  • Especial trascendencia económica del beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener.
  • Especial gravedad de los hechos atendiendo el valor de los objetos producidos ilícitamente, el número de obras, o de la transformación, ejecución o interpretación de las mismas, ilícitamente reproducidas, distribuidas, comunicadas al público o puestas a su disposición, o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados.
  • Pertenencia del autor a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de propiedad intelectual.
  • Utilización de menores de 18 años para cometer estos delitos.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas

En la necesidad de prevenir la continuidad de la actividad delictiva o sus efectos, sus consecuencias económicas y sociales, y especialmente los efectos para los trabajadores, así como el puesto que en la estructura de la persona jurídica ocupa la persona física u órgano que incumplió el deber de control, según los criterios contenidos en el art. 66 bis del CP, el juez podrá imponer alguna/s de las siguientes medidas:

– Disolución de la persona jurídica.

– Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.

– Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años.

– Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
– Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años.

– Intervención judicial total o parcial, por el tiempo que se establezca que no podrá exceder de cinco años, para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores.

  • Medidas Cautelares: el juez podrá adoptar como medidas cautelares durante la instrucción de la causa:

– La clausura temporal de los locales o establecimientos.

– La suspensión de las actividades sociales.

– La intervención judicial.

Responsabilidad Civil

El artículo 272.1 del Código Penal nos remite en este aspecto a las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual relativas al cese de la actividad ilícita y a la indemnización de daños y perjuicios regulados. Arts. 138 y s.s. de la LPI.

Así pues se podrá acordar el cese de la actividad ilícita; indemnización de daños y perjuicios consistente, a elección del perjudicado, entre las consecuencias económicas negativas, (incluida tanto la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada como los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita), o el beneficio que hubieran obtenido presumiblemente, de no mediar la utilización ilícita.


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