Dilaciones indebidas

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VITIUM Abogados es la mayor red en España de especialistas en derecho penal. En esta ocasión, ahondamos en el concepto de dilaciones indebidas.

Definición de dilaciones indebidas

El artículo 21.6 del Código Penal, en relación con el artículo 66 del mismo Cuerpo Legal, prevé los requisitos doctrinales y jurisprudenciales para la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas (atenuante analógica), conforme a los hechos que se consideren probados en una sentencia, procediendo a rebajar la pena en uno o dos grados, según resulta del Pleno no Jurisdiccional celebrado en esta Sala Segunda con fecha de 21 de mayo de 1999, acordándose que la solución jurisdiccional a la lesión producida por la existencia de un proceso con dilaciones indebidas es la de compensarla con la penalidad procedente al delito a través de la circunstancia de análoga significación del artículo 21.6 del Código Penal.

Tribunal Supremo y la atenuante de dilaciones indebidas.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, que por reiterada exime de su cita, considera que el Tribunal que juzga más allá de un plazo razonable, cualquiera que sea la causa de la demora -incluso por carencias estructurales que derivan del aumento del número de causas- está juzgando a un hombre -el acusado- distinto en su circunstancia personal, familiar o social, y la pena no cumple ya o corre el riesgo de no cumplir las funciones de ejemplaridad y de rehabilitación o reinserción social del culpable, que son los fines que la justifican.

El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas se halla reconocido de forma expresa en el artículo 24.2 de la Constitución Española, y también en el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950, y en el artículo 14.3 c) del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos de 1966. En dichos Tratados Internacionales, suscritos por el Estado español, y que lo vinculan por la vía del artículo 96 de la Constitución Española, se formula el derecho del acusado a que su causa se vea en un plazo razonable.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las dilaciones indebidas

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia de 15 de julio de 1982, dictada en el caso Eckle ha admitido la compensación de la lesión sufrida en el derecho fundamental mediante una atenuación proporcional de la pena, y ha considerado que era una forma adecuada de reparar la vulneración del derecho del acusado a ser juzgado en un plazo razonable. (Aprovechamos para recomendar el despacho DDHH ABOGADOS, en caso de que quiera llevar su caso al TEDH).

En el mismo sentido se pronuncia la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Sentencia de 26 de abril de 2001. Los hechos relativos a aquel caso tienen su origen en un procedimiento penal iniciado en el año 1995 ante la jurisdicción italiana contra un particular bajo las acusaciones de corrupción y de pertenencia a la mafia. Las actuaciones relativas a dicho procedimiento, así como los sucesivos recursos interpuestos en relación con el mismo, se prolongaron hasta el año 2000.

En vista del largo periodo de tiempo transcurrido para la tramitación del proceso, el interesado acudió ante la Comisión Europea de Derechos Humanos alegando una violación del artículo 6 párrafo 1º del Convenio Europeo, que reconoce el derecho de toda persona a que su causa sea tramitada por un tribunal de justicia en un plazo razonable.

Trasladado el asunto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, éste advierte en su resolución que, según su jurisprudencia reiterada, la valoración de lo que constituye una duración razonable de un proceso judicial ha de hacerse a la luz de las circunstancias particulares del caso en cuestión, y muy especialmente, atendiendo a la complejidad del propio proceso, así como a las conductas observadas, tanto por el interesado, como por las autoridades encargadas del mismo.

De acuerdo con lo anterior, y pese a constatar la presencia de dificultades relevantes en relación con la tramitación del presente caso, el Tribunal advierte la existencia de importantes periodos de inactividad entre las diversas fases del procedimiento que evidencian una actuación poco diligente por parte del órgano jurisdiccional.

El Tribunal señala asimismo que incumbe a las autoridades judiciales nacionales promover las medidas oportunas para garantizar la resolución definitiva de un proceso dentro de un plazo razonable, y añade que, en el caso en cuestión, no puede considerarse razonable una duración global de más de cinco años para la terminación del litigio.


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Requisitos para que se estime la atenuante de dilaciones indebidas

 En cuanto a las condiciones exigidas para que se entienda que concurre la atenuante analógica de dilaciones indebidas, decir que no basta que se rebasen los plazos procesales en las actuaciones, sino que es necesario que exista un retraso injustificado y de importancia en relación a la complejidad de la causa y desde luego no imputable al recurrente. Así, la reciente Sentencia de este Alto Tribunal de 17 de marzo de 2011 estable que “la jurisprudencia ha venido estableciendo, y así se ha reflejado en la Ley Orgánica 5/2010 que modifica el Código Penal de 1995, que el transcurso del tiempo, como dato meramente empírico a describir, debe ser susceptible de ser calificado de extraordinario, lo que quiere decir algo más que contrario a la norma.

Debe tratarse de algo que no sucede de ordinario por lo que no es común. Ciertamente una tal interpretación puede suponer un cierto reduccionismo sobre interpretaciones más acordes con la dimensión constitucional de la garantía o de la establecida en textos internacionales como la Convención europea sobre derechos. Desde esa perspectiva la concurrencia de deficiencias estructurales que expliquen las tardanzas no alcanza a justificar el cumplimiento estatal de dispensar tutela judicial en plazo razonable…Además la tardanza debe poder tildarse de indebida. Palabra que debe entenderse en el sentido de injusto o ilícito. Es decir, no justificable.

Para establecer tal conclusión ha de atenderse a las circunstancias concurrentes en cada caso. Así será indebida si resulta desproporcionada para la complejidad de la causa. Y ésta puede derivar de la multiplicidad de sujetos intervinientes que obliga a la multiplicación de los trámites. O de la dificultad para establecer la estrategia investigadora adecuada. O de otras circunstancias que deberán ser valoradas sin que, como antes dijimos, queda remitirse al transcurso del tiempo…

Y en la Sentencia núm. 1124/10, de 23 de diciembre…dijimos: Ese derecho al proceso sin dilaciones, viene configurado como la exigencia de que la duración de las actuaciones no exceda de lo prudencial, siempre que no existan razones que lo justifiquen. O que las propias dilaciones no se produzcan a causa de verdaderas “paralizaciones” del procedimiento o se debieran al mismo acusado que las sufre, supuestos de rebeldía, por ejemplo, o a su conducta procesal, motivando suspensiones, etc.

La “dilación indebida” es, por tanto, un concepto abierto o indeterminado, que requiere, en cada caso, una específica valoración acerca de si ha existido efectivo retraso verdaderamente atribuible al órgano jurisdiccional, es el mismo injustificado y constituye una irregularidad irrazonable en la duración mayor de lo previsible o tolerable”.

Jurisprudencia sobre dilaciones indebidas.

Aunque no se trata para nada de un atenuante muy sofisticado en teoría, vemos que en la  práctica se dan circunstancias complejas. Por ello resulta imprescindible para el abogado penalista, estudiar su jurisprudencia. Si desea hacerlo, haga click aquí.


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