Confidencialidad abogado cliente

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En esta ocasión, ahondamos en el concepto de confidencialidad abogado cliente.

Derecho de defensa

El derecho de defensa, desarrollado sustancialmente a través de la asistencia letrada, aparece reconocido como un derecho fundamental del detenido en el artículo 17 de la CE y del imputado, con el mismo carácter aunque no exactamente con el mismo contenido, en el artículo 24.

En el art√≠culo 24 aparece junto a otros derechos que, aunque distintos e independientes entre s√≠, constituyen una bater√≠a de garant√≠as orientadas a asegurar la eficacia real de uno de ellos. Nadie discute seriamente en este marco que la b√ļsqueda de la verdad, incluso suponiendo que se alcance, no justifica el empleo de cualquier medio.

Directamente relacionados con la defensa y la asistencia letrada, aparecen otros aspectos esenciales para su efectividad, la confianza en el letrado y la confidencialidad de las relaciones entre el imputado y su letrado defensor.

As√≠ se ha establecido en la STEDH de 5 de octubre de 2006, “…el derecho, para el acusado, de comunicar con su abogado sin ser o√≠do por terceras personas figura entre las exigencias elementales del proceso equitativo en una sociedad democr√°tica y deriva del art√≠culo 6.3 c) del¬†Convenio.

Si un abogado no pudiese entrevistarse con su cliente sin tal vigilancia y recibir de él instrucciones confidenciales, su asistencia perdería mucha de su utilidad.

La importancia de la confidencialidad de las entrevistas entre el acusado y sus abogados para los derechos de la defensa ha sido afirmada en varios textos internacionales, incluidos los textos europeos “

Confianza y confidencialidad

En el desarrollo de la comunicaci√≥n entre letrado y cliente, basada en la confianza y en la seguridad de la confidencialidad, y con mayor raz√≥n en el √°mbito penal, es lo natural que aparezcan valoraciones sobre lo sucedido seg√ļn la versi√≥n del imputado, sobre la imputaci√≥n, sobre las pruebas existentes y las que podr√≠an contrarrestar su significado inculpatorio, sobre estrategias de defensa, e incluso podr√≠a producirse una confesi√≥n o reconocimiento del imputado respecto de la realidad de su participaci√≥n, u otros datos relacionados con la misma.

Es fácil entender que, si los responsables de la investigación conocen o pueden conocer el contenido de estas conversaciones, la defensa pierde la mayor parte de su posible eficacia.

Y adem√°s se ha establecido por el Tribunal Supremo, recientemente STS 9/2/2012, ‚Äú que no es preciso que aparezca un aprovechamiento expreso mediante una acci√≥n concreta y directamente relacionada con lo indebidamente sabido, pues basta para lesionar el derecho de defensa con la ventaja que supone para el investigador la posibilidad de saber, (y con mayor raz√≥n el conocimiento efectivo), si el imputado ha participado o no en el hecho del que se le acusa, saber si una l√≠nea de investigaci√≥n es acertada o resulta poco √ļtil, saber cu√°l es la estrategia defensiva, cuales son las pruebas contrarias a las de cargo, o incluso conocer las impresiones, las necesidades o las preocupaciones del imputado, o los consejos y sugerencias que le hace su letrado defensor.

Se trata de aprovechamientos m√°s sutiles, pero no por eso inexistentes. Basta, pues, con la escucha, ya que desde ese momento se violenta la confidencialidad, elemento esencial de la defensa.‚ÄĚ

Ni que decir tiene que esto es lo ocurrido en el presente caso por lo que el derecho de defensa ha sido absolutamente concernido y violentado, de ahí la procedencia de la admisión de la querella presentada.

Derechos fundamentales relacionados

Estos otros derechos, sufrirían reducciones muy sustanciales otros derechos constitucionales.

Derecho a no declarar

La comunicación telefónica con el letrado defensor se desarrolla en la creencia de que está protegida por la confidencialidad, de manera que en ese marco es posible que el imputado, solo con finalidad de orientar su defensa, traslade al letrado aspectos de su conducta, hasta llegar incluso al reconocimiento del hecho, que puedan resultar relevantes en relación con la investigación.

Derecho al secreto profesional

Concebido como un derecho del letrado a no revelar los datos, de la clase que sean, proporcionados por su cliente, o, con carácter más general, obtenidos en el ejercicio del derecho de defensa, que opera también como un derecho del imputado a que su letrado no los revele a terceros, ni siquiera bajo presión. El conocimiento indebido del contenido de las comunicaciones entre ambos, dejaría en nada este derecho.

Derecho a la intimidad

La relaci√≥n entre el imputado y su letrado defensor se basa en la confianza, de forma que es altamente probable que el primero traslade al segundo cuestiones, observaciones o preocupaciones que excedan del derecho de defensa para residenciarse m√°s correctamente en el √°mbito de la privacidad, que solo puede ser invadido por el poder p√ļblico con una raz√≥n suficiente.

Tiene establecido además de manera constante la jurisprudencia tanto constitucional como del Tribunal Supremo, que la investigación criminal no justifica por sí misma cualquier clase de actuación, y con mayor razón si implica vulneración de derechos fundamentales. Como se ha dicho en numerosas ocasiones, la verdad no puede alcanzarse a cualquier precio.

Sentencias del TS

El Tribunal Supremo en sentencia de 9 de febrero de 2012, a los efectos que ahora interesan ha destacado:

La confidencialidad de las relaciones entre el imputado y su letrado defensor, que naturalmente habr√°n de estar presididas por la confianza, resulta un elemento esencial (¬†STEDH Castravet contra Moldavia, de 13 de marzo de 2007 (TEDH 2007, 17)¬†, p. 49; y¬†STEDH Foxley contra Reino Unido, de 20 de junio de 2000 (TEDH 2000, 143)¬†, p. 43). En la STEDH de 5 de octubre de 2006, caso Viola contra Italia (61), se dec√≠a que “…el derecho, para el acusado, de comunicar con su abogado sin ser o√≠do por terceras personas figura entre las exigencias elementales del proceso equitativo en una sociedad democr√°tica y deriva del art√≠culo 6.3 c) del¬†Convenio (RCL 1999, 1190, 1572)¬†. Si un abogado no pudiese entrevistarse con su cliente sin tal vigilancia y recibir de √©l instrucciones confidenciales, su asistencia perder√≠a mucha de su utilidad (Sentencia S. contra Suiza de 2 noviembre 1991 (TEDH 1991, 54)¬†, serie A n√ļm. 220, pg. 16, ap. 48). La importancia de la confidencialidad de las entrevistas entre el acusado y sus abogados para los derechos de la defensa ha sido afirmada en varios textos internacionales, incluidos los textos europeos (Sentencia Brenan contra Reino Unido (TEDH 2001, 596)¬†, n√ļm. 39846/1998, aps. 38-40, TEDH 2001-X)”.

En este mismo sentido, el¬†Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la Sentencia (Gran Sala) de 14 de setiembre de 2010 (TJCE 2010, 275)¬†, se√Īal√≥ que “la confidencialidad de las comunicaciones entre los abogados y sus clientes deb√≠a ser objeto de protecci√≥n a nivel comunitario”, aunque supedit√≥ tal beneficio a dos requisitos: “…por una parte, debe tratarse de correspondencia vinculada al ejercicio de los derechos de la defensa del cliente, y, por otra parte, debe tratarse de abogados independientes, es decir, no vinculados a su cliente mediante una relaci√≥n laboral”.

En el desarrollo de la comunicaci√≥n entre letrado y cliente, basada en la confianza y en la seguridad de la confidencialidad, y con mayor raz√≥n en el √°mbito penal, es lo natural que aparezcan valoraciones sobre lo sucedido seg√ļn la versi√≥n del imputado, sobre la imputaci√≥n, sobre las pruebas existentes y las que podr√≠an contrarrestar su significado inculpatorio, sobre estrategias de defensa, e incluso podr√≠a producirse una confesi√≥n o reconocimiento del imputado respecto de la realidad de su participaci√≥n, u otros datos relacionados con la misma. Es f√°cil entender que, si los responsables de la investigaci√≥n conocen o pueden conocer el contenido de estas conversaciones, la defensa pierde la mayor parte de su posible eficacia. En la primera de las sentencias antes citadas, Castravet contra Moldavia, el TEDH afirm√≥ en este sentido que “…si un abogado no fuera capaz de departir con su cliente y recibir instrucciones de √©l sin supervisi√≥n, su asistencia perder√≠a gran parte de su utilidad, teniendo en cuenta que el Convenio pretende garantizar derechos pr√°cticos y efectivos”.

No es preciso, por lo tanto, que aparezca un aprovechamiento expreso mediante una acci√≥n concreta y directamente relacionada con lo indebidamente sabido, pues basta para lesionar el derecho de defensa con la ventaja que supone para el investigador la posibilidad de saber, (y con mayor raz√≥n el conocimiento efectivo), si el imputado ha participado o no en el hecho del que se le acusa, saber si una l√≠nea de investigaci√≥n es acertada o resulta poco √ļtil, saber cu√°l es la estrategia defensiva, cuales son las pruebas contrarias a las de cargo, o incluso conocer las impresiones, las necesidades o las preocupaciones del imputado, o los consejos y sugerencias que le hace su letrado defensor. Se trata de aprovechamientos m√°s sutiles, pero no por eso inexistentes. Basta, pues, con la escucha, ya que desde ese momento se violenta la confidencialidad, elemento esencial de la defensa. El TEDH ha se√Īalado en este sentido que la injerencia existe desde la interceptaci√≥n de las comunicaciones, sin que importe la posterior utilizaci√≥n de las grabaciones (STEDH Kopp contra Suiza, de 25 de marzo de 1998 (TEDH 1998, 9)).

Además, sufrirían reducciones muy sustanciales otros derechos relacionados. En primer lugar, el derecho a no declarar. La comunicación con el letrado defensor se desarrolla en la creencia de que está protegida por la confidencialidad, de manera que en ese marco es posible que el imputado, solo con finalidad de orientar su defensa, traslade al letrado aspectos de su conducta, hasta llegar incluso al reconocimiento del hecho, que puedan resultar relevantes en relación con la investigación. Es claro que el conocimiento de tales aspectos supone la obtención indebida de información inculpatoria por encima del derecho a guardar silencio. En estos casos, la prohibición de valoración de lo ya conocido no es más que un remedio parcial para aquellos casos en los que, justificada la intervención con otros fines, el acceso haya sido accidental e inevitable, pero de esa forma no se elimina la lesión ya causada en la integridad del derecho.

En segundo lugar, el derecho al secreto profesional. Concebido como un derecho del letrado a no revelar los datos, de la clase que sean, proporcionados por su cliente, o, con carácter más general, obtenidos en el ejercicio del derecho de defensa ( artículo 416 de la LECrim ( LEG 1882, 16 )  y 542.3 de la LOPJ ( RCL 1985, 1578 y 2635)  ), opera también como un derecho del imputado a que su letrado no los revele a terceros, ni siquiera bajo presión. El conocimiento indebido del contenido de las comunicaciones entre ambos, pues, dejaría en nada este derecho.

En tercer lugar, el derecho a la intimidad. La relaci√≥n entre el imputado y su letrado defensor se basa en la confianza, de forma que es altamente probable que estando el primero privado de libertad traslade al segundo cuestiones, observaciones o preocupaciones que excedan del derecho de defensa para residenciarse m√°s correctamente en el √°mbito de la privacidad, que solo puede ser invadido por el poder p√ļblico con una raz√≥n suficiente.

Naturalmente, todas estas consideraciones no pueden entenderse referidas solo a los efectos que producen en el caso concreto las escuchas de las comunicaciones reservadas entre el imputado y su letrado defensor. De aceptarse que la mera posibilidad de que se sigan cometiendo delitos justifica la supresi√≥n de la confidencialidad entre el imputado preso y su letrado defensor, desaparecer√≠a de manera general un elemento esencial en la misma configuraci√≥n del proceso justo. Incluso la mera sospecha fundada acerca de la existencia de escuchas generalizadas de las comunicaciones entre el imputado privado de libertad y su letrado defensor, anular√≠a de manera general la confianza en una defensa con capacidad de efectividad, como elemento imprescindible para un proceso con igualdad de armas; un proceso, por tanto, equitativo. En este sentido, en la¬†STEDH Castravet contra Moldavia, de 13 de marzo de 2007 (TEDH 2007, 17)¬†, antes citada, ya se advirti√≥ que “…una injerencia en el privilegio abogado-cliente, y por ende, en el derecho del detenido a la defensa, no exige necesariamente que tenga lugar una intercepci√≥n real o una escucha subrepticia. Una creencia genuina, basada en indicios razonables de que su conversaci√≥n est√° siendo escuchada, puede ser suficiente, desde el punto de vista del Tribunal, para limitar la efectividad de la asistencia que el abogado pueda proporcionar. Tal creencia inhibir√≠a inevitablemente la libertad de discusi√≥n entre el abogado y el cliente, y vulnerar√≠a el derecho del detenido a rebatir de forma efectiva la legalidad de su detenci√≥n”.

Se han tra√≠do a colaci√≥n los casos en los que se intervienen comunicaciones de un sospechoso y entre las que son grabadas aparecen algunas con su letrado defensor, o aquellos otros en los que existiendo indicios de actuaci√≥n criminal contra un letrado o letrados, se intervienen sus comunicaciones personales o las de sus despachos, y entre las conversaciones mantenidas aparecen algunas con sus clientes relativas al ejercicio del derecho de defensa. A estas se ha referido en alguna ocasi√≥n la jurisprudencia de esta Sala. As√≠, en la¬†STS n¬ļ 2026/2001 (RJ 2001, 10328)¬†, FJ 9, en la que se dec√≠a que “El secreto profesional que protege a las relaciones de los abogados con sus clientes, puede, en circunstancias excepcionales, ser interferido por decisiones judiciales que acuerden la intervenci√≥n telef√≥nica de los aparatos instalados en sus despachos profesionales. Es evidente que la medida reviste una incuestionable gravedad y tiene que ser ponderada cuidadosamente por el √≥rgano judicial que la acuerda, debiendo limitarse a aquellos supuestos en los que existe una constancia, suficientemente contrastada, de que el abogado ha podido desbordar sus obligaciones y responsabilidades profesionales integr√°ndose en la actividad delictiva, como uno de sus elementos componentes”.

Pero son supuestos diferentes al aquí examinado, porque en ambos casos se trata de intervenciones generales de las comunicaciones telefónicas, de manera que, siendo imposible conocer de antemano el contenido, la afectación de la defensa es accidental.


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